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Tratamiento de aguas


Andalucía necesita 300 depuradoras en dos años para cumplir con la UE

 



Estación depuradora de Sevilla/ García Cordero

Ginés Donaire

Jaén, 10 DIC 2012 - 17:19 CET

La Junta busca convenios para culminar el plan de tratamiento de aguas

La depuración de aguas residuales llega ya a casi el 80% de la población andaluza. Sin embargo, la actual Directiva Marco de Aguas de la UE fija obliga a llegar al 100% en 2015. El plan de depuración se ha ralentizado y de las 300 depuradoras que aún hacen falta en la comunidad, solo el 14% está en fase de redacción del proyecto.

La Junta creó el año pasado el canon de mejora de infraestructuras que tenía un carácter finalista para sufragar el coste de las depuradoras. Sin embargo, ese canon —que supuso una subida media del agua del 7% que los ayuntamientos repercutieron en los ciudadanos— apenas recaudará unos 200 millones hasta el año 2015, cuando las obras necesarias requieren de una inversión superior a los 1.700 millones. El canon tiene un carácter progresivo en los cinco primeros años.

Así las cosas, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente busca otros modelos de financiación ajena para acometer las infraestructuras pendientes. Se piensa, sobre todo, en convenios con ayuntamientos, con empresas concesionarias y la colaboración público-privada, similar al experimentado en la construcción de algunas carreteras autonómicas.

La Asociación Española de Operadores Públicos de Agua (Aeopas) ha puesto encima de la mesa una inversión superior a los 600 millones para la construcción y gestión de depuradoras, y ello sin necesidad de recurrir al déficit de las Administraciones toda vez que las empresas públicas del agua se financian con los ingresos de los usuarios y no computan como entidades públicas a la hora de establecer el déficit. Aeopas, que aglutina a 34 entidades prestadoras de servicios, cree incluso que la inversión podría duplicarse gracias al dinero que podrían gestionar los municipios a través de entidades de similares características.

Por su parte, Antonio Jiménez, portavoz de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA), que integra a un centenar de las empresas del sector, afirma que “el problema de financiación de los ayuntamientos se puede paliar con las empresas municipales y concesionarias de aguas, que sí tienen solvencia económica”.

El presidente de la Diputación y del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha ofrecido su colaboración a la Junta para acometer las obras de depuración que restan por ejecutar en la provincia. La fórmula sería un convenio de colaboración para que las empresas públicas puedan construir las depuradoras invirtiendo el dinero que recaudan del canon de depuración y así explotarlas tras su finalización. “Nuestro modelo es el público” y supone una “defensa del agua como derecho frente al modelo de negocio”, replicó Rodríguez Villalobos.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se ha marcado como “máxima prioridad” para el año 2013 las políticas de aguas, según afirmó en el Parlamento el consejero Luis Planas. La Consejería va a invertir el próximo ejercicio 383 millones para la mejora de la calidad de las aguas. Esos fondos se destinarán a las actuaciones más urgentes, entre ellas los colectores y la estación depuradora de Tarifa (Cádiz), la ejecución de la obra de Constantina (Sevilla) y la redacción de los proyectos de Trebujena (Cádiz) y Archidona (Málaga).

 Pero la hoja de ruta marcada por Medio Ambiente pasa también por implicar al Ministerio que preside Miguel Arias Cañete para impulsar las obras declaradas de interés general.

Hasta este año 2012 ha estado vigente un convenio con el Ministerio para estas actuaciones. “Ahora se abre un nuevo marco y el Estado también tiene que aportar, como lo ha venido haciendo, en la resolución de este problema con la dotación de los recursos económicos necesarios”, afirmó Planas.

No obstante, también el Gobierno de la nación ha aplicado un tijeretazo a las políticas de agua en Andalucía. El plan hidrológico del Guadalquivir, aprobado inicialmente el pasado mes de septiembre, ha reducido la inversión desde los 4.100 millones inicialmente previstos hasta los 1.738. La consecuencia de este recorte es que solo se harán las infraestructuras hidráulicas que ya están en marcha o las que estaban a punto de licitarse. Por tanto, será más difícil cumplir con las exigencias de la Directiva Marco del Agua de la UE.

Evitar vertidos en Doñana

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha reanudado esta semana, tras un año de paralización, las obras de depuración del entorno de Doñana y ha fijado para el primer trimestre de 2013 la finalización de los trabajos y la correcta depuración de las aguas que vierten en las proximidades del parque nacional.

La depuración de las aguas residuales en el entorno de Doñana se había atascado en los despachos tras el viaje de ida y vuelta de las competencias sobre el Guadalquivir, y había provocado un duro enfrentamiento entre la Junta y el Ministerio. Según la Consejería, cuando en octubre de 2011 el Gobierno andaluz devolvió las competencias del Guadalquivir las obras de las dos depuradoras estaban a más del 95% de su ejecución, y solo a falta de la electrificación, con un coste de unos 150.000 euros que debe asumir el Gobierno central. Pero el Ministerio achacó el retraso a la deuda que mantiene la Junta con la empresa encargada de las obras, Befesa.

Pero el Ministerio ha querido zanjar la polémica y ha reanudado las obras de las estaciones depuradoras de Almonte-Rociana y de Bollullos Par del Condado (Huelva), que tendrán una capacidad para tratar una carga contaminante de 50.000 habitantes y un caudal de tratamiento de 8.000 metros cúbicos al día. En ambas depuradoras, y puesto que vierten a una zona sensible como el entorno del parque nacional de Doñana, se eliminan nutrientes. La reanudación de las obras incluirá la revisión de los equipos y de todas las instalaciones, el acondicionamiento de la urbanización y el suministro eléctrico

El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, se ha felicitado por la reanudación de estas obras “muy necesarias” para el entorno de Doñana. Sin embargo, la organización ecologista WWF ha mostrado su desconfianza al anuncio del Ministerio por lo que mantendrá todas las acciones de protesta por el retraso de las obras. Así, la organización ecologista mantendrá la queja ante la Unión Europea, la denuncia ante la Guardia Civil, una campaña on-line de recogida de firmas y la labor informativa a los municipios implicados, según explicó a Europa Press el coordinador para Agua y Agricultura de WWF en Doñana, Felipe Fuentelsaz.

Fuente; aquí






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